Argentina está ubicada en la parte más austral de América Latina. Tiene más de 46 millones de habitantes, el idioma principal es el español y predomina la religión católica. Desde 1983 cuenta con un sistema de gobierno democrático que garantiza formalmente la libertad de prensa en su Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución establece las garantías de la libertad de expresión. El marco legal se limita a la regulación de los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades de los periodistas. Desde el retorno de la democracia la vigencia de la libertad de expresión ha sido plena, aunque en ocasiones ha enfrentado desafíos legales de interpretación.
Argentina tiene una estructura mediática robusta. Hay muchos periódicos en todo el país. La radio y la televisión tienen alcance nacional a través de un sistema que privilegia las licencias al sector comercial privado. Las estaciones de radio y los canales de televisión estatales también tienen presencia a nivel nacional, pero con audiencias muy pequeñas. En 2005 se autorizó la transmisión de radio y televisión comunitaria sin fines de lucro.
El nivel de accesos a servicios de comunicación muestra altos números de penetración. La televisión de pago (cable y satélite) sostiene una amplia penetración desde la década del 90, y actualmente alcanza al 70% de los hogares. Dentro de sus contenidos, las señales de noticias ocupan un lugar relevante. La telefonía móvil, que se desarrolló en la década del 90, es usada por el conjunto de la población. Es la principal vía de acceso a Internet, especialmente en los sectores populares. La penetración de servicios de internet en los hogares es más baja que la de la telefonía móvil. Recién en los últimos años comenzó a gestarse la introducción de fibra óptica directa al hogar, aunque por ahora solo está disponible en algunos grandes centros urbanos.
En cuanto a la estructura del mercado, una de las características del sistema de medios es la alta concentración de la propiedad. El Grupo Clarín es el principal actor del sistema comunicacional, con posiciones importantes (primera o segunda empresa en cada mercado) en prensa escrita, radio, televisión abierta y de pago, telefonía fija y móvil, y distribución de internet al hogar. Es un caso inédito, incluso a nivel regional, de dominio de los mercados de producción de contenidos y al mismo tiempo de su distribución.
Históricamente Argentina mostró un importante desarrollo de sus industrias culturales, especialmente si se realizaba una comparación regional. Los medios de comunicación contaron con altas tasas de consumo popular. Sin embargo, en los últimos años se observa que los medios analógicos han perdido importancia. Esta situación se revela con más claridad en la prensa escrita y comienza a impactar sobre la televisión y la radio. Como contrapartida ganan lugar los medios digitales, especialmente la distribución de información a través de plataformas.
A nivel regulatorio, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011) se estableció un nuevo marco legal para el sistema audiovisual. En octubre de 2009 el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº26.522/09) que tiene elementos destacables en cuanto a la regulación en un marco democrático. Por ejemplo, reserva el 33% del espectro radioeléctrico a organizaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, la ley votada por el Congreso de la Nación tuvo un recorrido corto. Al asumir el gobierno la alianza de centro derecha encabezada por Mauricio Macri (2015-2019) realizó por Decreto presidencial importantes modificaciones a la ley 26.522. Los principales cambios tuvieron lugar en los aspectos referidos a la estructura del sistema audiovisual, y la mayoría de los límites a la concentración fueron removidos. También se reorganizó el diseño institucional de la autoridad regulatoria y se estableció un organismo convergente para el sector de los medios y las telecomunicaciones.
Perspectivas del futuro
Argentina se encuentra en un momento de transformación del sistema comunicacional. En la actualidad predomina la incertidumbre sobre el modelo económico que permita a los productores de contenidos continuar su labor en condiciones sustentables. La migración de las audiencias y de los anunciantes a las plataformas pone en riesgo la capacidad productiva del sector. La crisis más pronunciada se encuentra en la prensa escrita pero la amenaza comienza a ser visible en el mercado televisivo.
El mercado publicitario argentino aceleró su proceso de digitalización a partir de la pandemia de COVID-19 y la mitad del mismo es capturada por internet (redes, plataformas y portales). Si bien las plataformas (especialmente Google y Facebook) han establecido algunos mecanismos de compensación hacia los medios informativos a través de programas de ayuda económica, estos no compensan la pérdida de ingresos. Esta situación pone en riesgo la diversidad mediática del país.
En este marco, y mientras el mercado de las comunicaciones y sus servicios se concentra en cada vez menos actores y con fuerte presencia de capital extranjero, la circulación de noticias e información queda entrampada en su distribución a través de plataformas digitales, donde Google y Meta funcionan como verdaderos gatekeepers sin mucha voluntad de negociación con los productores de contenidos.
En ese contexto, la disputa de los principales productores de contenidos periodísticos del país con estas plataformas no ha logrado conseguir un lugar de relevancia en la agenda pública. La prolongada crisis económica del conjunto de la economía argentina agrava este panorama. En primer lugar, porque los consumidores restringen su consumo. En segundo lugar, porque el problema del financiamiento de los medios de comunicación dista de ser un asunto prioritario. Y tercero, porque las fuerzas políticas no parecen tener problematizado este cambio de paradigma comunicacional y productivo.
Resulta claro que mientras la comunicación y la conectividad se colocan en un espacio central de la vida social de los argentinos, la rentabilidad del sistema se concentra y se debilitan los mecanismos de sostenibilidad económica de los productores de contenidos.