Media Influence Matrix Mexico: Government, Politics and Regulation

Media Influence Matrix 2022

For decades, the media system in Mexico has been faced with two key structural problems, high levels of market concentration and clientelist practices as part of a system of collusion between the political power and business actors, according to a new report focused on analyzing the relations between policymakers, regulators and the media in Mexico published today by the Media and Journalism Research Center. The report is an adaptation in English of an original report issued in Spanish in June 2022.

Market concentration has hindered the development of universal coverage in telecommunications and radio broadcasting as well as access to plural information, violating the rights of citizens, according the report, which was prepared by Argelia Muñoz Larroa, Rodrigo Gómez Garcia and Juan Larrosa-Fuentes.

Furthermore, the management of security related to drug trafficking and organized crime, as well as its relationship with the State since the implementation of the “war on drug trafficking” in 2006, created an environment of generalized extreme violence, which affects the journalistic practice.

Read the Government, Politics and Regulation in Mexico 2022 report


Matriz de Influencia de Medios 2022

Desde hace décadas el sistema de medios en México enfrenta dos problemas estructurales clave, altos niveles de concentración del mercado y prácticas clientelares como parte de un sistema de mutuo beneficio entre el poder político y el poder económico-mediático, de acuerdo con un nuevo informe centrado en las relaciones entre los encargados de la formulación de políticas, reguladores y medios en México publicado hoy.

“Lo anterior ha obstaculizado el desarrollo de la cobertura universal en telecomunicaciones y radiodifusión así como el acceso a una información plural, vulnerando los derechos ciudadanos, de las audiencias y usuarios”, recoge el informe, que fue elaborado por Argelia Muñoz Larroa, Rodrigo Gómez García y Juan Larrosa-Fuentes.

Aunado a esto, el manejo de la seguridad en términos de narcotráfico y crimen organizado así como su relación con el Estado desde la implementación de la “guerra contra el narcotráfico” del 2006, desencadenó un contexto de violencia extrema generalizada, afectando también al ejercicio periodístico en el país que hasta hoy en día sigue violentando los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Una serie de reformas en los últimos 20 años y, en particular, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del 2013, eje central del reporte, han sido resultado de la presión de la sociedad civil, la academia y de actores políticos. Estas reformas han significado avances regulatorios en materia de: a) competencia económica, b) convergencia e inversión, c) cobertura y acceso, d) pluralidad y diversidad cultural con el reconocimiento de los medios públicos, indígenas y comunitarios, e) derechos de las audiencias y derecho al acceso a la información en medios digitales. Sin embargo, como relata el reporte, existen aún desafíos, inercias y pendientes que no han terminado de materializar los objetivos de la reforma constitucional del 2013, en el sentido de democratizar la comunicación y garantizar los derechos a la libertad de expresión e información.

Entre otras cosas, sigue pendiente la regulación que garantice a las audiencias la totalidad de sus derechos así como la regulación de la publicidad oficial según los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si bien, una de las fortalezas de la reforma del 2013 fue la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargado de regular la competencia económica del sector con autonomía del Gobierno, la influencia no regulada de los intereses económicos, políticos y mediáticos de facto, persiste. Además, sigue pendiente el nombramiento de sus comisionadas para que el Instituto pueda cumplir con sus atribuciones.

Después de tres años de la actual administración de izquierda de López Obrador (2018-2024) destacan cambios como: la reducción del gasto en publicidad oficial – aunque este sigue siendo discrecional y concentrado en pocas empresas – y parte de ese presupuesto ha sido destinado a un plan de seguridad social para periodistas; se ha cambiado la estrategia de seguridad a una estrategia de paz, sin embargo, esta no ha repercutido aún en los altos índices de ataques a periodistas y; el Estado ha tomado control del despliegue de las redes mayoristas que garanticen el derecho constitucional de acceso universal a la banda ancha, no obstante, es temprano para evaluar sus efectos en cuanto al cumplimiento de las metas para cerrar la brecha digital.

Lee el informe Gobierno, Política y Regulación en México 2022